En la víspera del Congreso sobre
exclusión y desarrollo social en España, convocado por la Fundación FOESSA (Fomento
de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas, cuyas sesiones tuvieron lugar del
29 al 31 de octubre de 2014 en el Colegio Mayor Guadalupe de Madrid, se
presentó el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España.
El informe realizado por un
equipo de más 90 expertos e investigadores de 30 universidades de nuestro país,
analiza nuestro modelo de desarrollo social, en el que destacan los altos
niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del
sistema de impuestos y un sistema de prestaciones reducido, poco protector en
el tiempo y que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de sus
características.
De la envergadura de este
deterioro da cuenta el hecho de que el núcleo central de la sociedad española
considerado en situación de integración social plena es ya una estricta minoría
y en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba
el 50%.
Esto significa que la población
excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De
ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en
cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de
la crisis.
La precariedad afecta a ámbitos
como el empleo, la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el
77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46%
exclusión de la salud.
En cuanto al perfil sociológico,
son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto, sobre todo
familias en las que hay muchos niños y jóvenes. Dos datos: el 35% de los
jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está
fuera del sistema educativo. Como se indica en el Informe, en cierto sentido
puede hablarse de una «generación hipotecada».
Dentro del sistema familiar,
llama la atención el cambio del papel de
las personas mayores que pasan de ser “cuidados” a reforzar su papel como
cuidadores. Su apoyo al resto de la familias se ha convertido en fuente de
seguridad, por factores como la pensión, la vivienda en propiedad y la
conservación de las relaciones familiares.
A su vez, el informe FOESSA señala
la existencia de una «generación expulsada» de trabajadores para los que ha
mermado el tipo de puesto que desempeñaban y cuya cualificación es escasamente
aplicable en otros sectores. En la actualidad, la tasa de
trabajadores excluidos se sitúa en el 15%. Y puede decirse que el trabajo deja
de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio
de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal.
Al analizar los efectos de las
políticas de austeridad tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, la
investigación confirma que los recortes en servicios sociales y bienestar son
incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza
recogido en la
Estrategia Europea 2020.
Para los autores, la conclusión
es clara: las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente
las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en las
políticas sociales.
DESCARGABLE: VII Informe FOESSA
Fuente: Portal de Cáritas
